Un juzgado federal dio la razón a la FIFA y suspendió las medidas cautelares que protegían a los titulares de palcos y plateas del Estadio Ciudad de México, a dos días del partido inaugural del Mundial 2026, en el marco del litigio que enfrenta a más de 2,500 propietarios contra Grupo Ollamani y el organismo internacional.
La resolución revierte el fallo del 15 de mayo de 2026, cuando otro juez federal otorgó a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) cuatro medidas cautelares que les garantizaban acceso con alimentos y bebidas, estacionamiento, ingreso con títulos de propiedad y libertad para rentar o comercializar sus espacios durante el torneo.
Con la suspensión, la FIFA recupera el control operativo del inmueble bajo su política de «sede limpia», que exige exclusividad comercial absoluta sobre localidades, accesos, áreas VIP y servicios dentro del estadio durante los cinco partidos mundialistas programados en el recinto capitalino.
La disputa arrancó cuando Grupo Ollamani, el consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean que opera el inmueble, notificó a los propietarios que no podrían rentar, revender ni comercializar sus espacios durante el Mundial, bajo amenaza de cancelar sus accesos si se detectaban esas prácticas en plataformas digitales o medios de comunicación.
Los palcohabientes sostienen que sus contratos, vigentes hasta 2065, garantizan acceso gratuito a todos los eventos del estadio, incluida la Copa del Mundo, según los títulos de aportación firmados originalmente en 1963 con la empresa Futbol del Distrito Federal, que opera el inmueble.
Roberto Ruano, vicepresidente de la AMTPP, advirtió en días previos que de no acatarse las medidas judiciales, la organización no descartaba sumarse a los grupos que plantearon boicotear el juego inaugural: «Estamos a tres días y tenemos listos a la CNTE, a los transportistas y tenemos a muchos grupos que nos están apoyando. Hoy le hago un llamado de caballeros para que nos sentemos a platicar».
El litigio, que inició como disputa administrativa en 2024 y escaló a demandas penales y civiles, tuvo como antecedente directo el 2 de junio, cuando el estadio liberó los boletos electrónicos de los partidos mundialistas para los propietarios, aunque con candados que impedían su recirculación y sin cumplir otras medidas como estacionamiento e ingreso de alimentos.
El cumplimiento de los contratos privados representa para Grupo Ollamani un desembolso estimado en más de mil millones de pesos, derivado de penalizaciones y compromisos adquiridos con la FIFA para asegurar las condiciones de sede limpia en el Estadio Ciudad de México.
